Funcionarias de la Secretaría de las Mujeres en Hospital de Oaxaca
Oaxaca, México, Stephanie Palacios.- La impunidad en el caso de Juan Antonio Vera Carrizal, exdiputado priista acusado de tentativa de feminicidio contra la saxofonista María Elena Ríos, alcanza un nuevo capítulo de indignación.
De acuerdo con una publicación de María Elena, la familia de Vera Carrizal protagonizó un acto de intimidación contra funcionarias de la Secretaría de las Mujeres Federal, al intentar justificar la ausencia del acusado en un hospital donde, supuestamente, estaría internado.
Este episodio, ocurrido en el marco de una investigación para verificar su estado de salud, pone en evidencia un sistema judicial que parece doblegarse ante el poder y la influencia de un presunto feminicida.
El 9 de septiembre de 2019, María Elena Ríos fue víctima de un brutal ataque con ácido sulfúrico en Huajuapan de León, Oaxaca, un acto que marcó su vida y la de muchas mujeres que luchan contra la violencia de género en México.
Vera Carrizal, señalado como autor intelectual del crimen, fue detenido en abril de 2020 tras una intensa búsqueda y varias denuncias, por parte de la víctima, que incluyó una ficha roja de Interpol.
Sin embargo, hace más de diez meses, el exdiputado logró salir del reclusorio, presuntamente con la complicidad del juez Lorenzo Ramírez Cruz, bajo el pretexto de una enfermedad que, según la Secretaría de las Mujeres Federal, no ha sido demostrada.
🔴 Familiares del feminicida #VeraCarrizal amedrentan a funcionarias de @mujeresgobmx | @CitlaHM.
— • 𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) September 8, 2025
La familia grita que el agresor se encuentra en el hospital, pero en este video se constata que la policía estatal de Oaxaca | @SSPC_GobOax, RESGUARDA HABITACIONES VACÍAS.
Por… pic.twitter.com/zltAWTBiJh
La familia de Vera Carrizal, en un intento por encubrir la verdad, confrontó a las funcionarias federales que acudieron al Hospital para revisar el supuesto expediente médico del acusado.
De acuerdo con María Elena Ríos, los familiares aseguraron a gritos que el presunto feminicida se encontraba internado, pero un video revelado muestra que la policía estatal de Oaxaca resguarda únicamente habitaciones vacías.
Este acto de amedrentamiento no solo obstaculiza la labor de las autoridades, sino que refleja el nivel de influencia que posiblemente ejerce el ex funcionario, que tiene un historial de poder en la región.
La Secretaría de las Mujeres Federal ha enfrentado trabas constantes en este caso, incapaz siquiera de acceder al expediente médico que justificaría la liberación de Vera Carrizal.
Este hecho agrava la percepción de un sistema judicial corrupto, donde las víctimas de violencia de género, como María Elena Ríos, continúan enfrentando revictimización.
A seis años del ataque, la saxofonista y activista sigue clamando justicia, mientras el presunto responsable evade la prisión con maniobras que desafían la transparencia y la legalidad.
La complicidad del juez Lorenzo Ramírez Cruz ha sido señalada, por la víctima, como un factor clave en esta trama de impunidad. De acuerdo con sus declaraciones, el juez habría facilitado la salida de Vera Carrizal del reclusorio al aceptar sin cuestionar un diagnóstico médico cuestionable.
Este acto no solo pone en duda la integridad del Poder Judicial de Oaxaca, sino que refuerza la narrativa de un sistema que protege a los agresores y perpetúa la violencia contra las mujeres en un país donde el feminicidio es una crisis alarmante.
El caso de María Elena Ríos trasciende lo individual y se convierte en un símbolo de la lucha contra la impunidad en México.
La Secretaría de las Mujeres Federal, por su parte, ha reiterado su compromiso con la justicia de género, en el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aunque se han encontrado con dificultades.
A medida que se conmemoran seis años del ataque a María Elena Ríos, el grito de “justicia” resuena con más fuerza. Este caso no solo expone las fallas del sistema judicial, sino que también pone a prueba la voluntad política del país para proteger a las mujeres y castigar a los responsables de la violencia de género.
Mientras Vera Carrizal sigue evadiendo la justicia, la sociedad mexicana se pregunta: ¿hasta cuándo las víctimas tendrán que seguir luchando solas contra un sistema que las abandona?