Campamento Vallejo en GAM, Ciudad de México.
Ciudad de México, Stephanie Palacios
El campamento de personas migrantes ubicado en la zona de Industrial Vallejo, en la alcaldía Gustavo A. Madero, enfrenta un posible desalojo luego de que autoridades del Gobierno de la Ciudad de México acudieran al lugar para notificar verbalmente a sus habitantes que contaban con 24 horas para desalojar el espacio.
De acuerdo con Rodrigo, defensor independiente de Derechos Humanos, la autoridad no presentó documentación oficial que respaldara la medida.
En entrevista con La Periodista, el activista explicó que el campamento ha permanecido en la zona durante aproximadamente dos años y actualmente alberga a cerca de 240 personas, de las cuales alrededor de 100 son niñas y niños. Además, detalló que 170 personas son solicitantes de refugio, quienes se encuentran en trámite ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación.
La Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político establece que toda persona solicitante tiene derecho a permanecer en el país mientras se resuelve su procedimiento. Asimismo, la Ley de Migración contempla la expedición de la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias, documento que permite acceder a empleo formal y servicios básicos. Sin embargo, el defensor señaló presuntas omisiones del Instituto Nacional de Migración (INM) en la entrega de dichos documentos.
Según el testimonio, la falta de documentación ha impedido que las personas puedan integrarse al mercado laboral formal o acceder a programas sociales. Esta situación, afirmó, las mantiene en un círculo de vulnerabilidad prolongada. “Darles 24 horas para que 60 familias con infancias renten en una de las ciudades más caras del país es prácticamente imposible”, sostuvo.
Desalojo en Vallejo: 240 migrantes, 100 niños y 170 solicitantes de refugio enfrentan un ultimátum en CDMX. pic.twitter.com/Ao5tbFjMPA
— La Periodista (@LaPeriodista_MX) February 20, 2026
La Ciudad de México es una de las entidades con mayor costo promedio de renta, de acuerdo con reportes del sector inmobiliario y datos del INEGI sobre inflación en vivienda. Organizaciones civiles han advertido que el encarecimiento del alquiler impacta especialmente a poblaciones en situación de movilidad.
Rodrigo también denunció que, durante las últimas semanas, elementos de la policía de investigación han realizado cateos y detenciones que calificó como irregulares. De confirmarse, estos hechos podrían contravenir lo establecido en la Constitución y en tratados internacionales suscritos por México, como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.
¿"Limpieza” urbana para el Mundial 2026? Desde la madrugada se pretende desalojar a migrantes en la GAM, en medio de críticas por exclusión y falta de alternativas habitacionales. pic.twitter.com/xZQm328lsI
— La Periodista (@LaPeriodista_MX) February 20, 2026
En el ámbito educativo, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México ha facilitado el acceso escolar de parte de la población infantil del campamento. Actualmente, 54 niñas y niños cursan primaria, 10 preescolar y 8 secundaria; además, tres adolescentes se preparan para presentar su examen de ingreso a nivel medio superior.
¿"Limpieza” urbana para el Mundial 2026? Desde la madrugada se pretende desalojar a migrantes en la @TuAlcaldiaGAM , en medio de críticas por exclusión y falta de alternativas habitacionales. Con apoyo de observadores y organizaciones de DH, migrantes presentaron un amparo para… pic.twitter.com/OblP7dNBkd
— La Periodista (@LaPeriodista_MX) February 20, 2026
El defensor informó que existe un amparo vigente para frenar el desalojo y que recientemente se promovió un segundo recurso legal. Organizaciones como Médicos Sin Fronteras y colectivos de la sociedad civil acompañan a la población migrante y han solicitado la instalación de mesas de diálogo con el Gobierno capitalino y la alcaldía Gustavo A. Madero.
Hasta el momento, las autoridades capitalinas no han detallado públicamente la ruta jurídica ni operativa del eventual desalojo. Organizaciones de derechos humanos insisten en que cualquier acción debe apegarse al debido proceso, garantizar alternativas dignas de alojamiento y priorizar el interés superior de la niñez, como establece la Constitución y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.