La desaparición de un joven de 29 años en Los Cabos, Baja California Sur, desató una protesta que derivó en el bloqueo del acceso al Aeropuerto Internacional de Los Cabos, en plena antesala del periodo vacacional de Semana Santa, generando afectaciones a cientos de viajeros y presión directa sobre las autoridades estatales.
Se trata de Juan Luis Chico Torres, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 21 de marzo. Ante la falta de resultados en su localización, familiares encabezados por su madre decidieron cerrar la vialidad como medida de exigencia para intensificar su búsqueda. La manifestación provocó un colapso vehicular en una de las zonas más transitadas del destino turístico.
De acuerdo con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Baja California Sur, durante ese mismo fin de semana fueron reportadas como desaparecidas tres personas: David, Gabriel y Juan Luis. Información preliminar indica que los dos primeros ya habrían sido localizados, sin embargo, las autoridades no han confirmado oficialmente el estatus del joven que continúa desaparecido.
La tensión aumentó cuando la señora Ana, madre de Juan Luis, lanzó un llamado desesperado a las autoridades:
“Quiero a mi hijo, por favor, se lo suplico... necesitamos verlo vivo, no lo queremos en pedazos ni esperar meses”, expresó frente a funcionarios estatales y medios de comunicación, evidenciando el dolor de las familias de personas desaparecidas.
Ante la presión social, el alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez, acudió al lugar junto con el procurador general de Justicia del Estado, Antonio López Rodríguez, para entablar diálogo con los manifestantes. El objetivo fue alcanzar acuerdos que permitan continuar con las labores de búsqueda y liberar el acceso al aeropuerto.
El procurador López Rodríguez aseguró que se reforzarán las investigaciones con más personal proveniente de La Paz y que se agotarán todas las líneas de búsqueda posibles. Entre las acciones implementadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) destacan el análisis de cámaras de videovigilancia de los sistemas C2 y C4, así como la revisión de grabaciones privadas y labores de inteligencia en campo por parte de grupos especializados.
Asimismo, el funcionario confirmó su traslado al municipio de Los Cabos para supervisar personalmente el avance de las investigaciones, en un intento por dar respuesta inmediata a la exigencia de la familia y la ciudadanía.
Este caso ocurre en un contexto nacional marcado por la crisis de desapariciones en México, donde, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), se contabilizan más de 100 mil personas desaparecidas.