Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)
Ciudad de México.- Stephanie Palacios
En un operativo coordinado entre autoridades federales, seis personas fueron detenidas en los estados de Morelos y Querétaro por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y extorsión, entre ellos servidores públicos municipales, exfuncionarios y empresarios vinculados con una presunta red de protección institucional ligada al crimen organizado.
Durante una conferencia de prensa, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, acompañado por el comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño Lobera, informó que estas acciones forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad y de la política de “cero impunidad” impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
De acuerdo con información oficial de la SSPC y la Fiscalía General de la República (FGR), las investigaciones derivaron de múltiples denuncias relacionadas con extorsiones en municipios de la región oriente de Morelos, particularmente en Cuautla, donde comerciantes, transportistas y familias habrían sido víctimas de amenazas, cobro de cuotas y presiones por parte de grupos criminales que buscaban controlar territorialmente la zona.
Las autoridades señalaron que, tras reforzar la estrategia de seguridad en Morelos a mediados de abril, se incrementó la presencia de fuerzas federales y se fortalecieron las labores de inteligencia e investigación, lo que permitió obtener órdenes de cateo y aprehensión en distintos inmuebles ubicados en Morelos y Querétaro.
Entre los detenidos se encuentran Agustín “N”, presidente municipal de Atlatlahucan; Irving “N”, expresidente municipal de Yecapixtla; Horacio “N”, secretario municipal de Cuautla; Jonathan “N”, tesorero municipal de Cuautla; Pablo Adrián “N”, empresario; y Arisbel Rubí “N”, excandidata a una alcaldía. Además, el titular de la SSPC confirmó que continúa la búsqueda de Jesús “N”, presidente municipal de Cuautla, para cumplimentar una orden judicial en su contra.
En paralelo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció que incluirá en la Lista de Personas Bloqueadas a 32 sujetos relacionados con esta presunta red de corrupción: 22 personas físicas y 10 personas morales. Según las autoridades, entre ellos figuran actores políticos, sociales y económicos que habrían brindado apoyo a un operador regional del Cártel del Pacífico en la zona oriente de Morelos.
El Gabinete de Seguridad afirmó que estas acciones buscan desarticular redes de protección institucional que favorecen actividades criminales y reiteró que continuará el combate contra la corrupción, la extorsión y la delincuencia organizada para garantizar la seguridad de la población.