Ohuira, Sinaloa. — Tras cuatro reuniones comunitarias realizadas en Ohuira, Paredones, Lázaro Cárdenas y Topolobampo, las comunidades que integran el movimiento Aquí ¡No! acordaron mantener su rechazo al proyecto de la planta de amoniaco de Proman-GPO, aunque decidieron continuar el diálogo con el Gobierno de México para conocer a detalle el Plan Integral presentado para atender las demandas de la región.
Los encuentros estuvieron marcados por una histórica desconfianza hacia las autoridades. De acuerdo con la postura comunitaria, durante los últimos tres gobiernos estatales han prevalecido los rezagos, mientras que a nivel federal las comunidades han recibido, según señalaron, evasivas frente a sus principales demandas.
Sin embargo, la presentación de un plan integral por parte del Gobierno de México abrió una nueva etapa: la asamblea autorizó a sus dirigentes a conocer, analizar y evaluar cómo, qué, quiénes y cuándo se ejecutarían las acciones planteadas.
La decisión, sin embargo, no representa un cambio en la postura frente al proyecto petroquímico. Las comunidades sostienen que durante años la empresa habría promovido divisiones internas, influido en decisiones gubernamentales y presentado información técnica que, desde su perspectiva, favoreció al proyecto. También cuestionan obras que consideran irregulares y la falta de apertura durante una década para intercambiar opiniones científicas y técnicas sobre la viabilidad de instalar la planta de producción de amoniaco en la zona.
Por ello, el acuerdo comunitario establece dos rutas de diálogo.
Los asuntos relacionados con infraestructura y servicios públicos del Estado serán tratados por separado, mientras que la conversación que continuará con las autoridades estará concentrada en los proyectos de amoniaco. Sobre las acciones sociales propuestas, las comunidades exigieron información detallada sobre duración, responsables, plazos, convenios e instrumentos jurídicos vinculantes que contemplen obligaciones, sanciones por incumplimiento y mecanismos de remediación.
Uno de los principales reclamos es conocer los estudios técnicos relacionados con cualquier modificación al proyecto. Las comunidades plantearon que necesitan evaluar la viabilidad, factibilidad, impactos ambientales y económicos, tiempos de desarrollo y posibles consecuencias ante un incumplimiento. También demandaron conocer cómo se atenderían eventuales afectaciones a la forma de vida de las comunidades y al ecosistema costero.
Entre las preguntas centrales planteadas durante las reuniones están: ¿qué ocurrirá si la empresa incumple?, ¿qué dependencias vigilarán los compromisos?, ¿quiénes serán los sujetos obligados y qué mecanismos de sanción existirán? A ello se suma la exigencia de contar con información amplia sobre los nuevos estudios de riesgo, así como los protocolos para enfrentar escenarios como incendios, derrames o fugas de materiales peligrosos.
Las comunidades también demandaron conocer cuál será el mecanismo de participación social frente a futuros proyectos petroquímicos en la zona y, especialmente, cómo se garantizará que esa participación tenga carácter vinculante para determinar si existe consentimiento o rechazo comunitario. La defensa de la laguna de Ohuira permanece como uno de los ejes centrales de la organización, que sostiene que busca evitar su depredación y proteger el entorno de la zona de influencia del denominado Polo de Desarrollo.
En materia de seguridad y Protección Civil, las comunidades consideraron que se trata de un asunto que debe involucrar a todas las partes. Como parte de los acuerdos ejecutados este jueves, se permitirá el acceso de una brigada de mantenimiento a las instalaciones de la planta de amoniaco para reducir riesgos asociados con posibles incendios, derrames o fugas de materiales peligrosos. La brigada estará acompañada por observadores del colectivo.
El acuerdo incluye una condición tajante: si la empresa coloca un solo tornillo, el acuerdo quedará anulado, de acuerdo con la postura expresada por las comunidades. Al mismo tiempo, se acordó iniciar un nuevo estudio base que ya no será elaborado únicamente por la empresa ni de manera bilateral con el Gobierno, sino que incorporará a especialistas científicos y técnicos de Aquí ¡No!
También se integrarán comisiones técnicas del colectivo para participar junto con las instancias oficiales y la empresa en el análisis de la viabilidad o inviabilidad de la recuperación de la laguna de Ohuira, la elaboración de una línea base ambiental y la evaluación de los puntos de carga y descarga de agua. Además, se crearán comisiones ciudadanas de vigilancia con integrantes de las comunidades afectadas por el Polo de Desarrollo.
Con estos acuerdos, las comunidades mantienen su rechazo informado al proyecto petroquímico y a la planta de amoniaco en la laguna de Ohuira, mientras el plantón permanecerá instalado de manera indefinida. El diálogo con el Gobierno de México continuará, pero bajo las condiciones planteadas por las asambleas comunitarias y con una exigencia central: contar con información científica, mecanismos jurídicos vinculantes y participación ciudadana efectiva antes de cualquier modificación o avance del proyecto.
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