Ciudad de México.- Stephanie Palacios
La Periodista
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su gobierno ha sido claro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a los límites legales para la participación extranjera en la industria petrolera nacional. Durante la conferencia matutina de este lunes 19 de octubre de 2026, la mandataria reconoció que el tema se ha abordado en llamadas telefónicas entre ambos gobiernos, aunque aclaró que no se ha planteado formalmente una entrega de activos de Petróleos Mexicanos (Pemex) a cambio de un acuerdo comercial.
Cuestionada por un reportero sobre si Trump había solicitado activos de Pemex para concretar un entendimiento comercial, Sheinbaum respondió que el mandatario estadounidense ha mencionado en algunos momentos la posibilidad de ayudar en la producción de petróleo. Sin embargo, precisó que su administración ha establecido una línea roja: la Constitución mexicana y las leyes vigentes no permiten otorgar derechos petroleros en los términos planteados.
“A ver, presidente Trump, Mr. Presidente, aquí hay una Constitución y aquí hay unas leyes, entonces aquí no se puede dar derechos de petróleo”, expresó la presidenta al describir la postura que, aseguró, ha transmitido directamente a su homólogo estadounidense.
La mandataria explicó que México sí permite la participación de compañías extranjeras mediante mecanismos legales, como los contratos con Pemex. Como ejemplo, mencionó a Halliburton, empresa estadounidense que, de acuerdo con sus declaraciones, lleva alrededor de 80 años trabajando con la petrolera mexicana. Añadió que los esquemas de contratación quedaron regulados en la nueva legislación de Pemex, lo que permite la colaboración empresarial sin que ello implique conceder derechos petroleros fuera del marco jurídico nacional.
Sheinbaum también citó el caso de Sempra Energy, compañía que opera una planta de licuefacción de gas en Ensenada, Baja California. Explicó que estas instalaciones permiten recibir gas procedente de Estados Unidos y comercializarlo en México o exportarlo, principalmente hacia mercados asiáticos. Con estos ejemplos, defendió que existen distintas vías de cooperación energética que pueden desarrollarse sin modificar los límites legales que rigen los recursos nacionales.
En materia de gas natural, la presidenta confirmó que el incremento de las compras mexicanas a Estados Unidos también ha sido tema de conversación con Trump. Señaló que México cuenta con cinco nuevas plantas de ciclo combinado y que, además de mantener la adquisición de gas estadounidense, su gobierno busca fortalecer el desarrollo de este recurso en el país.
¿Trump quiere participar en el petróleo mexicano? La presidenta Claudia Sheinbaum pone un alto al mandatario estadounidense por Pemex: “Aquí hay una Constitución y unas leyes” https://t.co/HSlkJ16gik
— La Periodista (@LaPeriodista_MX) October 19, 2026
La jefa del Ejecutivo reconoció que algunos funcionarios estadounidenses no comprenden plenamente el funcionamiento de la Constitución mexicana y las leyes en materia energética, mientras que otros sí lo entienden. No obstante, sostuvo que la posición de México ha sido consistente y que, hasta el momento, no ha existido una insistencia que cambie la respuesta de su gobierno sobre la imposibilidad de conceder derechos petroleros fuera del marco legal.
El intercambio ocurre en un contexto de negociaciones comerciales y de estrecha interdependencia energética entre México y Estados Unidos. El gas natural es un insumo relevante para la generación eléctrica mexicana, mientras que Pemex continúa siendo una pieza estratégica de la política energética nacional. La discusión pone sobre la mesa el equilibrio entre atraer inversiones, garantizar el suministro energético y preservar la soberanía sobre los recursos del país.
Sin embargo, la defensa de la soberanía también invita a reflexionar sobre las obligaciones del Estado frente a quienes exigen justicia dentro de México. Para las madres buscadoras, la soberanía no es solamente una discusión sobre petróleo, contratos o gas: también representa la responsabilidad de un Estado de buscar a las personas desaparecidas, investigar los casos y garantizar verdad y justicia a sus familias. Mientras el gobierno establece límites frente a intereses extranjeros, los colectivos de búsqueda mantienen una exigencia fundamental: que las instituciones mexicanas respondan con la misma firmeza ante la crisis de desapariciones.
La declaración presidencial, por tanto, abre dos discusiones distintas, aunque vinculadas por la responsabilidad pública: la defensa del marco constitucional frente a las negociaciones internacionales y la obligación de garantizar los derechos humanos dentro del territorio nacional. La pregunta que permanece es cómo convertir la defensa de la soberanía en resultados concretos para la población, tanto en el control de los recursos estratégicos como en la búsqueda de las personas desaparecidas.