¿Rehabilitación o abuso? México pone la lupa sobre centros de tratamiento de adicciones
Ciudad de México.— Stephanie Palacios
La Periodista
¿Qué ocurre detrás de las puertas de algunos centros de rehabilitación para personas con adicciones? Tortura, aislamiento, internamientos involuntarios y hasta trabajo forzado son algunas de las prácticas que México y Uruguay buscan prevenir mediante una nueva guía regional que pretende poner bajo vigilancia los espacios de tratamiento de adicciones en América Latina.
Se trata del documento “Salvaguardas para el monitoreo de centros de tratamiento de adicciones en América Latina”, presentado por autoridades de salud, organismos de derechos humanos y organizaciones civiles de ambos países, con el objetivo de establecer mecanismos para identificar abusos, documentar posibles violaciones y garantizar condiciones dignas para las personas internadas.
La presentación se realizó en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, donde la secretaria de Salud Pública capitalina, Nadine Gasman Zylbermann, cuestionó los modelos de atención que durante décadas han abordado el consumo problemático de sustancias desde el estigma, la discriminación y una perspectiva punitiva.
“Ninguna forma de violencia, castigo o humillación puede justificarse como parte del tratamiento”, advirtió la funcionaria, al señalar que las personas con problemas de consumo deben recibir atención con pleno respeto a sus derechos humanos.
Por su parte, Amaya Ordorika Imaz, directora general del Instituto para la Atención a la Salud Mental y las Adicciones (IASAMA), informó que desde julio de 2026 el organismo asumió el mandato de normar y verificar estos establecimientos en la Ciudad de México. Entre los principios que deberán regir su funcionamiento se encuentran el consentimiento informado, el carácter voluntario del internamiento y el respeto a la dignidad de las personas usuarias.
Uno de los datos que encendió las alertas fue expuesto por Erica Viridiana Brindis Almaraz, representante de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), quien informó que aproximadamente 87 por ciento de los establecimientos opera bajo modelos de ayuda mutua y mixtos. Además, señaló que se encuentra en su etapa final el proceso de actualización de la Norma Oficial Mexicana 028, relacionada con la prevención, tratamiento y control de las adicciones.
La dimensión del problema exige una supervisión efectiva. La guía permitirá orientar visitas de monitoreo, identificar condiciones de riesgo, documentar posibles vulneraciones y formular recomendaciones para mejorar los servicios. Entre las prácticas que busca prevenir se encuentran la tortura, el aislamiento, el internamiento sin consentimiento y el trabajo forzado, situaciones que no pueden normalizarse bajo el argumento de rehabilitar a una persona.
Desde Uruguay, Gianina Podestá, coordinadora del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, destacó que la cooperación internacional es fundamental para enfrentar problemas estructurales que trascienden las fronteras. Subrayó que la salud mental no debe entenderse únicamente como un asunto sanitario, sino también como una cuestión de derechos humanos, autonomía, dignidad y justicia social.
En tanto, María Sirvent Bravo-Ahuja, directora ejecutiva de Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social, insistió en que las personas usuarias y quienes han experimentado procesos de institucionalización deben participar activamente en el diseño y evaluación de las políticas públicas destinadas a mejorar estos servicios.
La coordinadora de Asuntos Internacionales del Gobierno capitalino, María del Rocío Lombera González, sostuvo que garantizar el derecho a la salud también implica que los establecimientos de atención sean espacios libres de violencia y discriminación. A su vez, Claudia Alarcón Zaragoza, titular de la Segunda Visitaduría General de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, recordó que el trato digno es un derecho universal que no depende de la sustancia que una persona consuma, ni de si es legal o ilegal.
El documento es resultado de la colaboración entre la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México, el IASAMA, Documenta y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Uruguay. Su implementación representa un paso hacia una mayor vigilancia de los centros de tratamiento, aunque el desafío será convertir sus recomendaciones en supervisiones efectivas y garantías reales para quienes reciben atención.
