Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Y Protección Ciudadana (SSPC)
Ciudad de México, Stephanie Palacios
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó este lunes en la conferencia mañanera los avances de la investigación sobre la explosión de una camioneta en Michoacán, hecho que inicialmente fue señalado como un posible coche bomba. El funcionario aclaró que el caso no se considera terrorismo, sino un acto directamente vinculado con grupos de la delincuencia organizada que operan en la zona.
García Harfuch detalló que la camioneta siniestrada provenía del estado de Colima, información confirmada por las autoridades de Michoacán y presentada desde el domingo por el fiscal estatal, Carlos Torres Piña. Subrayó que, contrario a la idea de un coche bomba abandonado, el vehículo era conducido por dos personas, ambas vinculadas con células delincuenciales.
El secretario explicó que, tras la atracción del caso por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), se abrirán nuevas líneas de investigación y se realizarán peritajes adicionales para determinar con precisión lo ocurrido.
“No fue un vehículo que se dejó para detonar después; había un conductor y un acompañante que ingresan, se estacionan y es en ese momento cuando ocurre la explosión”, afirmó.
Las autoridades identificaron a las dos personas que viajaban en la camioneta como miembros de grupos criminales activos en la región. Entre ellos se encuentran células afines al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Tepalcatepec y a las organizaciones conocidas como Cárteles Unidos, actores que disputan territorios clave en Michoacán y Colima.
García Harfuch señaló que estas células también han protagonizado ataques contra policías comunitarias, algunas de las cuales fueron reguladas por el gobierno estatal alrededor de 2016. La confrontación constante entre estos grupos y autoridades locales ha intensificado la violencia en la región, especialmente en zonas de trasiego de droga.
El secretario enfatizó que la carpeta de investigación se abrió por tráfico y acopio de armas, así como por delincuencia organizada y homicidio, descartando de manera definitiva la configuración del delito de terrorismo.
“En la legislación mexicana e internacional, el terrorismo está relacionado con imponer objetivos políticos, ideológicos, religiosos o sociales. Este no es el caso”, precisó.
Según la autoridad federal, la explosión forma parte de una estrategia criminal para expandir actividades ilícitas como narcomenudeo, extorsión, tráfico de drogas, control de rutas y minería ilegal, delitos que mantienen alta presión en la zona limítrofe entre Michoacán y Colima.
Finalmente, García Harfuch reiteró que la investigación continúa abierta y que ninguna línea ha sido descartada. Se espera que la FGR concluya los peritajes en los próximos días para establecer con exactitud si la explosión fue accidental, provocada o parte de una operación delictiva de mayor alcance.