"El sistema está rebasado desde hace 20 años": Centro Prodh / Foto: Colectivo "Una Luz en el Camino"
Por: Stephanie Palacios | La Periodista
La crisis forense en México continúa agravándose y representa uno de los mayores desafíos en materia de derechos humanos y procuración de justicia. De acuerdo con la cifra oficial más reciente dada a conocer por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, existen 83 mil cuerpos sin identificar en el país, un dato que refleja el colapso del sistema forense nacional y el impacto acumulado de décadas de violencia.
En entrevista para La Periodista, César Contreras León, abogado del área de Defensa Integral del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), explicó que el problema no solo radica en la enorme cantidad de personas fallecidas que ingresan a los servicios médicos forenses, sino en la incapacidad institucional para identificarlas y devolverlas a sus familias. Recordó que el sistema forense mexicano "se encuentra rebasado desde hace aproximadamente 20 años", especialmente desde el incremento de la violencia vinculada con la llamada guerra contra el narcotráfico.
Asegura que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestran que cada año llegan alrededor de 100 mil cuerpos a los servicios médicos forenses del país. Aunque una parte logra ser identificada, aproximadamente 10 mil cuerpos anuales pasan a formar parte del denominado rezago forense, es decir, aquellos casos que las instituciones no alcanzan a procesar debido a la falta de infraestructura, personal especializado, tecnología y recursos.
Contreras León señaló que este rezago ha crecido de manera sostenida porque los servicios médicos forenses nunca fueron diseñados para enfrentar una crisis de esta magnitud. A ello se suma la ausencia de inversión suficiente en laboratorios, especialistas, bases de datos genéticos y mecanismos de coordinación entre fiscalías estatales y federales, elementos indispensables para avanzar en la identificación de personas.
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El abogado recordó uno de los episodios que marcó un punto de inflexión en la visibilización de esta problemática: el caso de los tráileres con cientos de cuerpos en Jalisco, ocurrido en 2018, cuando unidades refrigeradas con cadáveres fueron trasladadas de un lugar a otro debido a la saturación del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. La descomposición de los cuerpos provocó fuertes olores que alertaron a habitantes de distintos municipios, convirtiéndose en un símbolo del colapso institucional. Este caso fue ampliamente documentado por autoridades estatales, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y diversos organismos nacionales.
Asimismo, explicó que durante años el Estado mexicano careció de información pública consolidada sobre la magnitud del problema. Organizaciones como el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México documentaron inicialmente más de 52 mil cuerpos sin identificar mediante solicitudes de acceso a la información. Posteriormente, investigaciones periodísticas y académicas elevaron la cifra a 72 mil, hasta llegar al dato oficial más reciente de 83 mil cuerpos, lo que evidencia que la crisis continúa profundizándose.
Para el representante del Centro Prodh, uno de los principales pendientes del Estado mexicano es la implementación efectiva del Banco Nacional de Datos Forenses, previsto en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas. Este instrumento busca concentrar información genética, odontológica, dactilar y antropológica para facilitar la identificación de personas desaparecidas y cuerpos sin nombre. Sin embargo, especialistas y colectivos han advertido que su desarrollo e interoperabilidad siguen siendo insuficientes.
Además, Contreras León subrayó la urgencia de establecer un Programa Nacional de Exhumaciones, que permita recuperar de manera científica los restos localizados en fosas comunes y clandestinas, garantizando procesos adecuados de identificación y restitución a las familias. Señaló que sin una política pública integral, acompañada de presupuesto suficiente, coordinación institucional y voluntad política, la acumulación de cuerpos continuará aumentando.
La dimensión de esta crisis no solo representa un problema técnico o administrativo, sino una deuda del Estado con miles de familias que buscan a sus seres queridos. Organizaciones de derechos humanos sostienen que la identificación de personas fallecidas constituye una obligación legal y humanitaria, indispensable para garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Mientras no exista una estrategia nacional robusta, advierten, el rezago forense seguirá creciendo y la tragedia de las desapariciones continuará profundizándose.