Foto: Secretaría de Relaciones Exteriores @SRE_mx
Ciudad de México, . 20 de junio de 2025.- El día de ayer, el canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo una reunión trascendental con víctimas y activistas estadounidenses que luchan contra la violencia por armas de fuego, encabezados por John Lindsay-Poland, coordinador del proyecto “Stop US Arms to Mexico”.
Este encuentro, realizado en un contexto de creciente preocupación por el impacto binacional de este flagelo, marcó un paso significativo en la cooperación entre México y Estados Unidos para frenar el tráfico ilícito de armas, un problema que cobra miles de vidas anualmente en ambos países.
Durante la reunión, De la Fuente expresó sus condolencias a las víctimas y reiteró el compromiso del gobierno mexicano para combatir el flujo descontrolado de armas provenientes de Estados Unidos, una lucha que ha iniciado desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
De la Fuente, abogó por una estrategia de comunicación más efectiva que sensibilice a ambos pueblos sobre las devastadoras consecuencias de este fenómeno, promoviendo una narrativa conjunta de paz y seguridad.
COMUNICADO. "Canciller se reúne con víctimas y activistas estadounidenses contra la violencia por armas de fuego".https://t.co/hIoZOpSgUg pic.twitter.com/hzB7GMWffl
— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) June 20, 2025
Los activistas estadounidenses destacaron cifras alarmantes: cada año, unas 45 mil personas pierden la vida en Estados Unidos por armas de fuego, y más de 1.3 millones han resultado heridas desde la tragedia de Sandy Hook en 2012. Estas armas, vendidas legalmente en territorio estadounidense, cruzan la frontera y se convierten en herramientas de violencia en México, alimentando el crimen organizado y perpetuando un ciclo de devastación. Los presentes coincidieron en que este problema trasnacional requiere soluciones integrales y coordinadas.
Un punto central de la discusión fue el enfoque innovador de México al presentar demandas contra fabricantes y distribuidores de armas en cortes de Boston y Tucson. Estas acciones legales han logrado visibilizar el tema ante la Suprema Corte de Estados Unidos, desafiando la inmunidad que históricamente ha protegido a la industria armamentista. Los activistas calificaron este esfuerzo como un precedente crucial, que no solo busca justicia para las víctimas, sino que también presiona por una mayor rendición de cuentas de los responsables de este comercio letal.
Otro aspecto clave abordado fue la necesidad de tratar la violencia por armas de fuego como un problema de salud pública. Las partes coincidieron en que abordar la salud mental y emocional es fundamental, junto con medidas de seguridad pública que frenen el acceso indiscriminado a armas. Este enfoque multidimensional, señalaron, es esencial para romper el ciclo de violencia que afecta a comunidades en ambos países, desde las calles de Chicago hasta los pueblos de Michoacán.
Los activistas y el canciller destacaron que el primer paso para debilitar al crimen organizado en México es cortar el suministro de armas desde Estados Unidos. Este flujo, que incluye rifles de asalto y armamento de alto calibre, ha fortalecido a los cárteles y exacerbado la inseguridad en la región. La reunión sirvió para reforzar la urgencia de políticas bilaterales que regulen este comercio y promuevan un control más estricto en la frontera.
El compromiso alcanzado en este encuentro incluye mantener un diálogo abierto y constante entre México y los activistas estadounidenses. Ambas partes acordaron trabajar en iniciativas que beneficien a sus comunidades, desde campañas de concientización hasta la promoción de reformas legislativas.
El canciller estuvo acompañado por el consultor Jurídico de la SRE, Pablo Arrocha Olabuenaga; el consultor Jurídico Adjunto “A”, Miguel Ángel Reyes Moncayo, y la directora de Litigios sobre Privilegios e Inmunidades, Fadia Ibrahim Nader, quienes reforzaron el respaldo legal de México en esta lucha.