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| Foto: Redes Sociales |
Nuevo León - Monterrey.- Redacción.- La mañana del viernes, el campus Las Torres de la Prepa TecMilenio en Monterrey se convirtió en el epicentro de una protesta estudiantil que ha sacudido a la comunidad educativa y puesto en jaque a las autoridades. Los estudiantes, con pancartas en mano y consignas de justicia, exigen respuestas tras el presunto abuso sexual cometido contra un compañero de 16 años, identificado como Rudy, quien vive con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).
Pero lo que comenzó como una denuncia de violencia sexual ha tomado un giro aún más oscuro: rumores no confirmados señalan que el padre de uno de los presuntos agresores sería parte del gabinete del gobernador Samuel García. ¿Estamos ante un caso de encubrimiento y privilegios?
La historia detrás de la indignación
Todo comenzó el martes 11 de marzo, cuando, según versiones de los estudiantes, Rudy fue agredido en los baños del tercer piso del plantel. Un grupo de cuatro o cinco compañeros lo habrían sometido, cometiendo actos sexuales en su contra sin su consentimiento. Para empeorar la situación, se habrían tomado fotos y videos del acto, lo que ha generado una ola de indignación.
Rudy, en un intento por defenderse, golpeó a uno de los agresores, dejando manchas de sangre en el lugar. Sin embargo, en lugar de recibir apoyo, los estudiantes denuncian que las autoridades escolares suspendieron a la víctima por tres días, mientras que los presuntos agresores no enfrentaron consecuencias inmediatas.
Aunque Prepa Tecmilenio Las Torres circuló a medios nuevo comunicado y dicen colaborar con Fiscalía, padres de familia y alumnos del plantel acusaron ayer a directiva y encargado de seguridad de suspender a víctima, encubrir a violadores y borrar evidencias.#justiciapararudy pic.twitter.com/uN674IRxQ9
— Jesús Rubén Peña (@revistacodigo21) March 16, 2025
El rumor que sacude al gobierno
En medio de la indignación, un rumor ha comenzado a circular en redes sociales y entre los manifestantes: el padre de uno de los presuntos agresores sería un funcionario cercano al gobernador Samuel García. Aunque no se ha confirmado oficialmente, esta información ha añadido un matiz político al caso, generando preguntas incómodas sobre posibles encubrimientos y privilegios.
“¿Hasta dónde llega la influencia de los poderosos?”, se preguntan los estudiantes, quienes exigen transparencia y justicia. Las pancartas en la protesta no solo pedían castigo para los agresores, sino también respuestas claras sobre el manejo del caso por parte de las autoridades escolares y gubernamentales.
Samuel García responde, pero las dudas persisten
Frente a la presión social, el gobernador Samuel García se pronunció a través de sus redes sociales, asegurando que está al tanto del caso y que se ha puesto en contacto con las autoridades correspondientes y la directiva de TecMilenio para esclarecer los hechos. “En Nuevo León, las víctimas cuentan con nuestro apoyo total”, declaró.
Sin embargo, su mensaje no ha sido suficiente para calmar los ánimos. Las imágenes de agentes ministeriales siendo negados el acceso al campus para investigar el caso han alimentado la desconfianza. ¿Qué hay detrás de esta negativa? ¿Por qué no se ha permitido una investigación transparente?
Buenas tardes. Ningún implicado en este caso colabora con el gobierno, y aunque así fuera, aquí no encubrimos ni protegemos a ningún agresor.
— Samuel García (@samuel_garcias) March 16, 2025
En Nuevo León, las víctimas cuentan con nuestro apoyo total y daremos seguimiento al caso hasta que se esclarezca lo sucedido.
TecMilenio en la mira
Mientras tanto, la Prepa TecMilenio ha optado por trasladar las clases a modalidad virtual, argumentando que buscan “asegurar el bienestar y la seguridad de la comunidad”. Sin embargo, muchos ven esta medida como un intento de desviar la atención y evitar que el escándalo crezca.
En un comunicado, la institución aseguró que siguen protocolos institucionales y que están acompañando a las familias involucradas. Pero para los estudiantes y padres de familia, estas palabras suenan vacías sin acciones concretas.
La comunidad exige respuestas
El caso de Rudy no es solo un presunto acto de violencia sexual; es una prueba de fuego para las instituciones educativas y gubernamentales de Nuevo León. La comunidad exige justicia, transparencia y, sobre todo, que no se permita que el poder y los privilegios opaquen la verdad.
Mientras las investigaciones avanzan, una pregunta resuena en las calles y redes sociales: ¿Estará Samuel García dispuesto a enfrentar a su propio gabinete si los rumores resultan ser ciertos? Por ahora, la presión social no da tregua, y la sombra de la impunidad parece extenderse sobre un caso que ya ha conmocionado a todo el estado.