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Ciudad de México, Redacción.- La zona costera de Bacalar se convirtió esta semana en escenario de una protesta vibrante y desesperada. Prestadores de servicios turísticos y asociaciones civiles alzaron la voz contra la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), acusándola de devastar el frágil ecosistema de la Laguna de Bacalar con una obra que carece, presuntamente, de permisos ambientales. En el predio conocido como “base de los marinos”, los militares han desatado una polémica que pone en jaque la política ambiental del gobierno federal, mientras pancartas y gritos resuenan frente a muros de madera que ocultan el avance de la construcción.
El corazón de la denuncia es claro: la Sedena opera, presuntamente, sin una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), un requisito obligatorio bajo la legislación mexicana. Según Melisa Maravilla Romero, presidenta de la asociación Agua Clara, maquinaria pesada ha rellenado al menos 200 metros de la laguna para ganar terreno firme, alterando irreversiblemente uno de los tesoros naturales más emblemáticos del país. “Están matando la laguna en nombre del progreso militar”, afirmó Maravilla, advirtiendo que el nivel de la orilla, ahora alineado con la costera, podría provocar inundaciones en zonas aledañas.
Con dos décadas cubriendo las entrañas de la política mexicana, he visto cómo proyectos impulsados por el gobierno chocan con las demandas ciudadanas, pero este caso en Bacalar lleva la tensión a otro nivel. Los manifestantes señalan que la opacidad de la Defensa —con esos muros que bloquean la vista— es una metáfora de su actuar: sin rendición de cuentas ni diálogo. Este no es el primer roce ambiental de la dependencia; recordemos las críticas al Tren Maya, donde también se denunciaron daños ecológicos, aunque con estudios ambientales que la Defensa asumió como suficientes.
La @Defensamx1 rellena impunemente, sin permisos ni manifiesto de impacto ambiental, la Riviera de la Laguna Bacalar enfrente del fuerte de San Felipe para una construcción.
— Guillermo DChristy 🇲🇽🇺🇦 (@gchristy65) March 22, 2025
Urge que alguien le ponga freno a los militares.@SelvameMX @SelvaMayaSOS @SEMARNAT_mx @aliciabarcena… pic.twitter.com/zkq8fmjgZf
La respuesta de los inconformes ha sido contundente. Además de la protesta, enviaron un escrito a la presidenta Claudia Sheinbaum, exigiendo su intervención directa. También demandaron que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) investiguen la legalidad de la obra, dado que Bacalar no solo es un ecosistema único, sino un sitio con valor histórico y cultural. “No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras destruyen nuestro patrimonio”, sentenció un prestador de servicios local.
El conflicto trasciende lo local y pone bajo el reflector internacional la gestión ambiental de México. Bacalar, conocida como la “Laguna de los Siete Colores”, es un destino turístico que genera millones de pesos anuales, y su deterioro podría afectar la economía de Quintana Roo. Organizaciones como Greenpeace México han advertido en el pasado sobre la militarización de proyectos que ignoran regulaciones ecológicas, un patrón que parece repetirse aquí. Los manifestantes incluso han amenazado con “medidas extremas” si la Defensa no detiene las obras, un eco de movimientos sociales que han marcado la historia reciente del país.
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La pelota está ahora en la cancha del Gobierno Federal. ¿Responderá Sheinbaum con una postura firme contra su propia Sedena, o priorizará los intereses militares sobre el clamor ciudadano? Mientras tanto, la laguna sigue perdiendo terreno, y con ella, la confianza en una administración que prometió equilibrio entre desarrollo y sustentabilidad. Este caso podría ser un parteaguas en la relación entre el poder militar y la sociedad civil en México, un tema que, desde mi experiencia, seguirá dando de qué hablar.